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Doce pueblos de nuestras comarcas tendrán acceso a Internet de alta velocidad

La Junta de Castilla y León y el Estado resuelven la concesión de ayudas por casi más de 16 millones de euros a 38 proyectos de toda la Comunidad de extensión de redes de acceso a internet en el medio rural que serán ejecutados por ocho empresas operadoras. Alrededor de 167.000 habitantes del medio rural de 334 nuevas poblaciones recibirán servicios de conexión a internet de muy alta velocidad.

 

Las administraciones central y autonómica han hecho públicas las resoluciones de sus respectivas convocatorias de 2018 a proyectos de operadores privados de comunicaciones electrónicas para el despliegue de redes de nueva generación que lleven Internet de al menos 100 Mbps al medio rural de la Comunidad de Castilla y León, por un importe conjunto de más de 16 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea mediante fondos FEDER.

En nuestras comarcas, el Estado subvencionará los proyectos de Val de San Lorenzo, Villamor de Órbigo, Santa Marina del Rey, San Román y San Justo de la Vega, Hospital, Puente de Órbigo, Armellada y Astorga ; mientras que la Junta financiará la llegada de Internet de alta velocidadd en Estébanez de la Calzada, Villares, San Feliz de Órbigo y Castrillo de San Pelayo.

Las ayudas otorgadas por la Administración del Estado financian el 70% de la inversión necesaria para poner en marcha los proyectos, mientras que las concedidas por el gobierno autonómico subvencionan hasta un 90 % dado que dirigen su objetivo exclusivamente a entidades de población de menos de 500 habitantes en las que resulta muy difícil conseguir rentabilidad suficiente sin la aportación de fondos públicos.

La convocatoria autonómica ha tenido en cuenta para la valoración de los proyectos la consideración de zonas prioritarias de las poblaciones incluidas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros para el periodo 2016-2020, de aquellas que se beneficiaran del Programa de Dinamización con Mayores Desafíos Demográficos de Castilla y León, de las ubicadas en la Red de Espacios Naturales y de las pertenecientes a los Caminos a Santiago y a las principales rutas turísticas que recorren la Comunidad.

 

 

Los proyectos subvencionados beneficiarán a entidades de población de las nueve provincias. En Ávila alcanzarán a 29 localidades (15.342 habitantes); en Burgos a 54 (22.892); en León a 88 (38.012); en Palencia a 25 (11.209); en Salamanca a 34 (18.112); en Segovia, a 32 (18.271); en Soria a 10 (4.903); en Valladolid a 34 (21.961) y en Zamora a 28 (16.913). (Se incorporan anexos con las localidades afectadas en cada convocatoria) La ejecución de estos proyectos supondrá dotar de conectividad a Internet ultrarrápido aproximadamente al 7 % de la población de la Comunidad.

Concretamente, han sido ocho empresas del sector de la telefonía y las comunicaciones electrónicas, tanto grandes compañías como operadores locales, las que han resultado beneficiarias de estas ayudas con 38 proyectos presentados, que harán posible la conectividad de 334 nuevas localidades en las que residen 167.000 ciudadanos de la Comunidad, y que serán ejecutados a partir de 2019. Las empresas son Adúriz Energía, Fibra Line, Globe Operator Telecom, Masmóvil Broadband, Redes Ópticas Salmantinas, Redytel Wimax, Setel, y Telefónica de España.

Cada uno de estos 38 proyectos subvencionados abarca un conjunto variable de poblaciones de una o más zonas de la Comunidad, que recibirán cobertura de redes capaces de dar velocidades de 100 Mbps o más. Todos ellos mejorarán la cobertura de Internet en las llamadas ‘zonas blancas’ del territorio, es decir en las que no existe ni hay previsión de que exista ninguna red de este tipo en tres años, de acuerdo con el mapa de cobertura elaborado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

Precisamente el objetivo de estas ayudas es incentivar la ejecución de este tipo de infraestructuras en aquellas áreas del territorio, principalmente rurales y con bajas densidades de población, donde a las compañías de telecomunicaciones no les resulta rentable operar. En cualquier caso, son los propios operadores quienes eligen libremente las zonas de despliegue a incluir en los proyectos para los que solicitan subvención. Dichos proyectos son posteriormente evaluados por la Administración, que selecciona para su financiación aquellos con una mejor relación entre el coste y la población beneficiada.